Quedó aprobado en la Cámara de Diputados, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que expide la Ley General en materia de Movilidad y Seguridad Vial, que tiene por objeto establecer las bases y principios para garantizar el derecho de toda persona a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Esta nueva norma considera como un objetivo prioritario a la protección de la vida e integridad de las personas. De esta manera, se plantea establecer la siguiente jerarquía en la planeación y programas de movilidad: en primer lugar, a las personas peatonas; en segundo lugar, a ciclistas y personas usuarias de vehículos no motorizados; en el tercero, a prestadores del servicio de transporte público; las personas que transporten bienes y mercancías, en cuarto lugar; y por último, a las usuarias de vehículos motorizados.
Se estipulan también los siguientes límites de velocidad para evitar accidentes: 30 kilómetros por hora en calles secundarias y terciarias; 50 kilómetros por hora en avenidas primarias sin acceso controlado; 80 kilómetros por hora en carriles centrales de avenidas de acceso controlado; 80 kilómetros por hora en carreteras estatales fuera de zonas urbanas.
En carreteras y autopistas de jurisdicción federal, la velocidad máxima para automóviles será de 110 kilómetros por hora, 95 kilómetros por hora para autobuses y 80 kilómetros por hora para el transporte de bienes y mercancías.
Se contempla que las víctimas de percances viales tendrán derecho al respeto de su dignidad y al acceso a la reparación integral del daño.
Asimismo, prevé como medidas de seguridad el uso obligatorio del cinturón de seguridad y el casco para motociclistas; la prohibición del uso del teléfono móvil y operativos permanentes de alcoholímetro en todo el país.
Durante la discusión en lo particular, se aprobaron diversas reservas, entre ellas, medidas para evitar acciones discrecionales y cobros excesivos para el transporte de mercancías.
“Propongo consignar el concepto de persona permisionaria; promover acciones para evitar gravar y sobre regular los servicios de autotransporte; salvaguardar la libertad de tránsito en las diferentes entidades del país, tanto de personas como de mercancías”, expuso el diputado Francisco Javier Borrego Adame, de Morena.
También se aprobó integrar a la Secretaría de Economía (SE) al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, pues de acuerdo con el diputado Ildefonso Guajardo Villareal, del PRI, de no ser así “estaríamos dejando fuera de él a quienes representan el futuro del desarrollo tecnológico de la producción de vehículos en México”.
Se aprobó además incluir la garantía de no obstaculizar el comercio internacional para atender los compromisos signados por el gobierno mexicano.
El dictamen regresó al Senado de la República para seguir su procedimiento constitucional.