El pueblo maya de Sitilpech, ubicado en el municipio de Izamal, anuncia que, debido a la contaminación del suelo, agua y aire de su territorio, provocado por una granja porcícola, presentaron una demanda de amparo por violaciones a sus derechos ambientales, agua y libre autodeterminación como pueblo maya, mismo que fue admitido por un Juzgado Federal.
Más de 100 habitantes de Sitilpech, entre los que se encuentran niños, niñas y personas adultas mayores, han presentado esta demanda de amparo porque han percibido en mayor intensidad los malos olores y el aumento de los mosquitos transmisores de enfermedades, así como por la preocupación por la contaminación del agua de sus cenotes y pozos en su territorio. Además, señalan que la granja no cuenta con los permisos necesarios, siendo el más importante: el permiso del pueblo.
El amparo promovido es en contra de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el Organismo de Cuenca de la Península de Yucatán y el Ayuntamiento de Izamal por el incumplimiento de sus obligaciones de fiscalizar, inspeccionar, vigilar y sancionar a la granja porcícola denominada “Kancabchen II”. Esta granja, ubicada a las afueras del pueblo de Sitilpech, opera en su territorio sin haberles consultado de manera previa, así como sin las medidas de precaución, prevención y mitigación necesarias para evitar el impacto ambiental negativo de este megaproyecto que presuntamente cría más de 40 mil cerdos. Esta granja opera, entonces, sin los permisos necesarios conforme el marco legal y constitucional que rige al país.
Resulta urgente recalcar que, actualmente la granja está realizando una ampliación a sus instalaciones, buscando aumentar su capacidad de producción, esto sin contar con permisos ni una consulta a la comunidad que se vería afectada. Dicha ampliación aumenta los actuales factores que ya deterioran el medio ambiente, agua, tierra, territorio y autodeterminación de la comunidad maya de Sitilpech.
Así, la demanda de amparo del pueblo maya de Sitilpech recayó en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Mérida, Yucatán, el cual la admitió el pasado 6 de julio de 2021, requiriendo a las autoridades que respondan sobre sus obligaciones de permitir que la granja porcícola esté operando a pesar de violar el derecho a la consulta indígena y poner en riesgo el medio ambiente y el derecho al agua en su territorio.
Esta demanda de amparo representa una nueva oportunidad para que el Poder Judicial de la Federación continúe con la línea de protección del derecho al medio ambiente sano y para que siga estableciendo precedentes sobre las obligaciones de las autoridades relacionadas con los megaproyectos porcícolas de la región.