La primera ocasión que se desmantelaron redes de cámaras de vigilancia ilegales fue el pasado 2 de julio
Por segunda ocasión la Secretaría de Seguridad Pública retiró varias narco cámaras colocadas en la vía pública las cuales permitían monitorear los movimientos policíacos, así como de los ciudadanos, además de proteger operaciones criminales.
Cámaras de videovigilancia particulares colocadas en postes de servicios públicos en diversos rumbos de Mérida y el interior del estado, fueron retiradas por autoridades estatales y federales debido a que su instalación constituye un ilícito.
Durante el operativo de ayer se retiraron once cámaras, de las cuales tres fueron entregadas a sus propietarios y ocho fueron puestas a disposición del Departamento Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
La acción se realizó de manera conjunta con elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP y fuerzas federales.Los puntos en los que se desinstalaron dichas cámaras están en la comisaría meridana de Dzitya, fraccionamiento Montecarlo, Kanasín, y carretera Mérida-Acanceh.
El retiro se fundamenta en lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley de Videovigilancia del Estado de Yucatán, que prohíbe expresamente la instalación y operación de sistemas de videovigilancia en espacios públicos por parte de particulares sin autorización de la autoridad competente.
De igual forma, el Artículo 12, fracción XII faculta a las autoridades competentes para ordenar el retiro inmediato de equipos de videovigilancia instalados en contravención de la ley.
La Secretaría aclara que es legal la instalación de cámaras de seguridad privadas siempre que estén ubicadas dentro del predio del titular o a las afueras del mismo —por ejemplo, en una barda o fachada— siempre y cuando su base esté en propiedad privada y su orientación visual esté dirigida únicamente hacia el inmueble que se busca proteger.
sin embargo se ha vuelto práctica habitual de grupos delictivos con presencia nacional habiliten cámaras de videovigilancia colocadas en la vía pública a fin de monitorear los movimientos policíacos y proteger operaciones criminales
